(INFORME ESPECIAL, 20 Oct 2017 / A1 Noticias) En la edición del miércoles de Página 12, la periodista Adriana Meyer escribió un informe donde publica la resolución del juez Gustavo Lleral, donde ordenó textualmente “el allanamiento del predio ocupado por la comunidad mapuche denominada Pu Lof en Resistencia, Cushamen y de la Estancia Leleque de la Compañía Tierras Sud Argentino S.A.”.

La estancia en cuestión es nada menos que el centro operativo de Benetton y el lugar que había sido “blindado” y nadie había podido ingresar. La primera sorpresa era que el juez incluía en dicha resolución un allanamiento a una zona que era cuestionada por la familia de Maldonado, los miembros de la comunidad mapuche y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

La segunda novedad fue que se reconoció el derecho en la causa, y el magistrado convocó a participar del rastrillaje a Sergio Maldonado, a su abogada Verónica Heredia, a miembros de la Pu Lof y a la APDH regional. En la notificación les solicitó “guardar la mayor reserva”.

El tercer dato para tener en cuenta es que la orden está firmada en horas del mediodía del viernes 13 pero se cumplimentó recién el martes 17 a las 7 de la mañana. ¿Por qué en un caso de trascendencia internacional, donde hay una desaparición forzada de persona, se pide “guardar reserva” y se demora casi 90 horas en realizar la tarea de rastrillaje?

Los investigadores de casos enigmáticos sostendrán que es un tiempo precioso para poder modificar la escena, para revisar el área previamente o para ubicar objetos o cosas que puedan ser encontradas en un rastrillaje “casi secreto”. ¿Alguien habrá tenido está información?

El cuarto ítem que genera una reflexión es el porque o que causa motivó al juez Lleral a ordenar un nuevo allanamiento en determinado lugar. Fuentes consultadas aseguran que “cuando se emite este tipo de resoluciones es porque se sigue alguna pista”. La respuesta está en el mismo escrito, ya que el juez le adjudicó toda la autoría del pedido de rastrillaje al prefecto principal Leandro Antonio Ruata.

El jefe de la delegación Bariloche de Prefectura Naval, fue quien tuvo a cargo los rastrillajes anteriores ordenados por Guido Otranto. Ante el reemplazo del juez, Ruata se presentó espontáneamente a prestar una “declaración testimonial”. En el expediente se puede leer su declaración ante Lleral: “Creo que debería repasarse el río algunas veces más porque tiene muchas zonas irregulares y ramas. Yo haría un repaso completo de todas las zonas”.

El cuarto dato es que en la resolución, Lleral no permitiría participar del rastrillaje a representantes del “Estado Nacional Argentino, que ha resultado denunciado a nivel internacional” ni a “las fuerzas de seguridad y funcionarios que eventualmente pudieren estar involucrados en los hechos”. ¿Por qué se ordenó al prefecto Ruata que dirija este nuevo rastrillaje?, si el mismo es integrante de una de las fuerzas de seguridad.