(La Plata, 6 Oct 2017 / A1 Noticias) Autoridades de la provincia de Buenos Aires, puntualizan que “una amenaza de bomba no es una broma”, sino “un delito”. Y si bien es un delito excarcelable, el gobierno bonaerense promoverá “una demanda de daños y perjuicios contra los padres de aquellos menores que sean identificados como autores de estos hechos”.

El protocolo que dispone el operativo ante cada una de las llamadas telefónicas, produce los desplazamientos de la Brigada de Explosivos, efectivos policiales, bomberos voluntarios de cada localidad y personal de Defensa Civil. Además se dispara un sistema de alerta a hospitales públicos y todas las patrullas motorizadas que recorran la cuadrícula del barrio donde esté ubicada la escuela amenazada.

Debido a esta situación, se generan un alto costo operativo, que según esta nueva disposición “deberán ser cubiertos por las demandas. Un llamado engañoso implica intimidación pública, un delito penado con dos a seis años de prisión. Con la tecnología con la que contamos es muy fácil rastrear de dónde provienen los llamados”, advirtieron.