(Pinamar, 28.May.2018 / A1 Noticias) Según se detalla en la denuncia, el Ministerio del Interior adjudicó una intervención urbana en torno a la Avenida Bunge por 33.585.683,10 millones de pesos a la firma Ashoka Construcciones S.A. en el marco del Plan de Renovación Urbana que desarrolla la cartera nacional.

Martín Yeza, no es un desconocido para el gobierno nacional, ya que desde hace unos meses es el nuevo jefe de La Generación, una agrupación provincial que reúne a militantes y funcionarios denominados "puros" y que pretende convertirse en el ala dura del Pro y acatar las directivas del presidente Macri, de manera directa.

Estanga puntualizó en la demanda que “de los más de 25 millones de pesos que fueron certificados”, los estudios que fueron encargados por los denunciantes a especialistas dan cuenta que lo realmente ejecutado “era menos de la mitad de esa suma”.

“Los valores reales de ejecución de la obra están por debajo del 50% de los montos con los que se pagaron los certificados de avance de obra. Es decir, lo efectivamente gastado por Ashoka Construcciones S.A. fue la mitad de lo que le pagó el municipio de Pinamar con fondos nacionales”, aseguran en el escrito presentado ante la Justicia.

Como ejemplos, se enumera que por tareas de contención de médanos se certificó por 1.393.800,54 millones de pesos, pero lo realmente ejecutado por la empresa fueron 444.917 pesos; por la compactación de base para solado nuevo se certificó por 576.614,42 pesos, y en realidad se verificó un gasto de 42.726 pesos.

También se encontraron irregularidades de precio en el sistema de iluminación, de un total de 72 luminarias cuya instalación fue certificada -y cobrada- por 444.344 pesos, se colocaron sólo 14 unidades; en tanto que el césped “Bermuda” fue presupuestado en 1.331,53 pesos el metro cuadrado, para un total de 3.346.134 pesos, que se certificó y pagó en su totalidad pero se corroboró que el producto colocado es de mucha menor calidad que el presupuestado.

Los denunciantes concurrirán al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de la doctora María Romilda Servini de Cubría, para prestar declaración, ratificar la denuncia y aportar la documentación respaldatoria. La realidad es que los fondos fueron enviados desde el gobierno a un intendente “amigo”, pero las obras en el centro de Pinamar no se encuentran.