(CABA, 04.Jun.2021 / A1 Noticias)El caso de Úrsula dejó al descubierto las fallas que tiene el sistema judicial para el seguimiento y acompañamiento de una persona que está en situación de violencia de género. Úrsula tenía 18 años, vivía en Rojas y fue asesinada por su ex pareja, un policía de la Bonaerense que tenía denuncias por violencia de género y una restricción perimetral. Ella lo había alertado y había pedido ayuda, pero el sistema patriarcal no la escuchó.

Bahillo fue hallada el lunes 8 de febrero de 2021 cerca de las 20.30 asesinada a puñaladas a unos 13 kilómetros de Rojas, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y en ese mismo lugar la policía apresó a Matías Martínez, su ex pareja, quien se había provocado lesiones con el arma homicida. 

Por el asesinato a puñaladas fue imputado y está detenido Martínez, sobre quien Úrsula y su familia ya había radicado 18 denuncias por amenazas y actos de violencia física sufridos previamente, y también de otras dos ex parejas, una de ellas por la violación de su sobrina discapacitada. Martínez tenía que estar preso por incumplir las medidas de restricción ordenadas y porque las pericias comprobaron que había abusado de una niña. Dos jueces se negaron a ordenar la detención.

En la reunión que tuvo lugar en la legislatura porteña, Patricia Nasutti y Adolfo Bahillo contaron sobre el proceso judicial que llevan adelante, las distintas faltas de respuesta por el sistema judicial que pusieron en riesgo la vida de su hija y la necesidad de un sistema judicial que contemple y garantice los derechos de las víctimas. 

El observatorio Ahora Que Sí Nos Ven reveló que en Argentina entre marzo 2020 y marzo 2021, hubo un femicidio cada 30 horas y que el 5% de los agresores eran integrantes de alguna fuerza de seguridad. El 64% de los femicidios fue cometido por las parejas y ex parejas de las víctimas y muchas de las víctimas tenían denuncias previas y medidas judiciales en curso.

A partir del caso de Úrsula, que tuvo repercusión nacional e internacional, el movimiento de mujeres y organizaciones políticas y sociales levantan actualmente la bandera por una reforma judicial feminista, para que en nuestro país los funcionarios y funcionarias de la Seguridad y la Justicia tengan perspectiva de género en el cuidado, seguimiento y los fallos judiciales.