(Campana, 20.Jun.2020 / A1 Noticias) El Dr. Gustavo Barros realiza la denuncia ante el Poder Judicial luego de conocerse la aprobación en el Concejo Deliberante local de la creación de la Agencia de Recaudación Municipal, organismo que sería dirigido por la actual concejal Romina Vulich.

El 11 de junio, la Unidad Fiscal de Investigación N°1 a cargo de la Dra. Mabel Amoretti envío los oficios a la sede municipal notificando de la presentación que solicita se inicie una investigación sobre “la posible comisión de delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público  y nombramiento y aceptación ilegal de cargo y/u otros delitos”, tipificados en los artículos 248 y 253 del Código Penal.

La larga lista de denunciados la encabeza el jefe comunal de Campana, Sebastián Abella; el Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad, Abel Sánchez Negrete, los concejales Marina Casaretto, Luis Gómez, Romina Vulich, Javier Contreras, Karina Sala, Ernesto Meiraldi, Mariela Schvartz, Diego Lis, Christian Amaya, Luis Costa y Valeria Barbieri, quien ocupa la banca por licencia de Romina Buzzini, todos integrantes del bloque de Juntos por el Cambio.

Gustavo Barros presenta como pruebas de los posibles delitos, copia del Expte. Municipal N° 4016-14426-0-2020 donde Abella remite al HCD el proyecto de Ordenanza “Creación de la Agencia de Recaudación de Campana”, organismo descentralizado dependiente del DE y que fuera tratado en la sesión del 23 de abril de este año.

El proyecto en cuestión fue aprobado por los votos positivos de los once (11) concejales que se denuncian. Durante el debate en el recinto, los ediles Oscar Trujillo y Axel Cantlon advirtieron que el proyecto violaba disposiciones de la Ley Orgánica Municipal y adelantaron sus rechazos al proyecto del intendente y la concejal Romina Vulich fue parte del legislativo en el momento de la votación y esto implica infringir el artículo 90 de la LOM.

El mencionado artículo expresa que “Ningún concejal podrá ser nombrado para desempeñar empleo rentado que haya sido creado o cuyos emolumentos fueron aumentados durante el período legal de su actuación; ni ser parte de contrato alguno que resulte de una ordenanza sancionada durante el mismo”, lo que permite interpretar que la concejal Vulich, quien aprobó el proyecto y estaría a cargo de la Agencia de Recaudación, puede ser imputada del delito que alcanzaría una pena de una inhabilitación especial para ejercer cargo público.

Gustavo Barros ironiza que el intendente “que ganó por tanto margen en su segunda elección, debe tener un poco más de cuidado. La mayoría no lo autoriza a tener impunidad”, y recuerda que “en la sesión algunos concejales advirtieron que iban a aprobar una ordenanza ilegal que contradecía la letra de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Se aprobó por que el oficialismo tiene mayoría simple y según mi criterio la conducta del Intendente, de su Secretario Legal y Técnico, y de los concejales que levantaron la mano, configuran un delito”, afirma.

El denunciante agrega que además de “contradecir la Ley Orgánica, el Art. 253 del Código Penal dice que el que acepta la designación de alguien en un cargo que no reúne los requisitos, comete un delito” y por ello sostiene que “si es delito, la fiscal deberá actuar en consecuencia, elevando a juicio la causa. Se puede crear el organismo, es absolutamente legal y legítimo, pero quien asuma la dirección y estará a cargo será una persona que designe el Ejecutivo con acuerdo del Concejo Deliberante”, explica.

Otro de los puntos establecidos en la creación de la Agencia de Recaudación cuestionado por el Dr. Barros en su presentación judicial es el “artículo donde la Agencia puede crear algún tipo de tasa y esas son facultades delegadas por la Ley Orgánica de las Municipalidades al Concejo Deliberante. No queda en manos del Ejecutivo, ni municipal, ni provincial y nacional, es una atribución específica del poder deliberativo”, manifiesta.

Además realiza un análisis político de la cuestión, asegurando que “yo no puedo discriminar entre los once votos a este sí, o a este no. Los once votaron en forma afirmativa, violando la Ley. Simplemente cumplí con un deber ciudadano. Sea a nivel municipal, provincial o nacional, sea del color que sea, a veces tener la mayoría los confunde y creen que les da derecho a hacer algo en contra de la ley. Creo que el intendente Abella fue legalmente mal asesorado”, y por eso incluyó a Sánchez Negrete en la denuncia “porque es el que firmó los decretos de promulgación de la Ordenanza que crea la agencia”, concluye.