(CABA, 28.May. A1 Noticias) “Lo que está en riesgo no es sólo el etiquetado frontal sino un conjunto de políticas públicas, entre ellas regulaciones relacionadas con la publicidad dirigida a la niñez, la promoción de productos no saludables y en entornos escolares”, afirmó Laura Salzman, presidenta del colegio que nuclea a los nutricionistas bonaerenses.

Desde esa institución expresaron que la ley, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal, constituye una política pública construida sobre evidencia científica y respaldada por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Representa, además, un avance en el derecho de la población a acceder a información clara, simple y visible sobre la composición de los alimentos.

Los octógonos negros permiten identificar rápidamente excesos de azúcares, sodio, grasas y calorías, asociados a enfermedades crónicas no transmisibles que hoy constituyen uno de los principales desafíos sanitarios de nuestro país.

En ese sentido, Salzman explicó que “la eliminación de los sellos es un golpe al derecho de la población a conocer que está consumiendo. Los octógonos ‘traducen’ rápidamente la información nutricional, convirtiendo tablas complejas en advertencias visibles y simples que se comparan en segundos”. Y sostuvo que “nos avisa y previene sobre el exceso de nutrientes críticos antes de consumir un producto”. Según la evidencia técnica, es el sistema más eficaz para aumentar la percepción de riesgo y disminuir la intención de compra de productos poco saludables.

Los nutricionistas bonaerenses argumentaron que “retroceder en medidas que fortalecen el acceso a la información implica debilitar herramientas de cuidado colectivo y profundizar desigualdades, especialmente en niños, niñas y adolescentes, quienes se encuentran más expuestos a estrategias de marketing alimentario”.

Y sostuvieron que “defender el etiquetado frontal es defender el derecho a saber qué comemos. La información alimentaria clara y accesible no debe ser objeto de retrocesos. La alimentación no es solo una elección individual: es una cuestión de salud pública, de derechos y de acceso equitativo a información que permita decidir”.