(28.Mar.2026 / Edgard Llanos – Exclusivo para A1 Noticias) Los fundamentos de la medida, según declaraciones de la presidenta de entonces, Cristina Fernández de Kirchner, “vamos a retomar el control estatal de YPF para asegurar el autoabastecimiento energético del país”. Meses antes, Repsol había descubierto enormes reservas de hidrocarburos no convencionales en el yacimiento de Vaca Muerta, que ahora serían explotados por el Estado argentino.

El 3 de mayo de 2012, el Congreso argentino aprobó la Ley N° 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, legislación que permitió expropiar el 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). El proyecto del oficialismo peronista logró 208 votos afirmativos en la Cámara de Diputados y 63 en el Senado.

Muchos de los que en el futuro comienzan a criticar la medida de CFK, en esa maratónica sesión acompañaron el dictamen de la mayoría del Frente de Todos. A modo de recordatorio votaron por la expropiación los integrantes del bloque oficialista, Diana Conti, Carlos Heller, Andrés Larroque, Facundo Moyano, Mayra Mendoza, Agustín Rossi, Felipe Solá, Victoria Donda, Fernando Solanas, Héctor Recalde, Rosana Bertone y Omar Perotti. Dirigentes que posteriormente formaron parte de Juntos por el Cambio acompañaron la iniciativa, entre ellos Luis Juez, Gerardo Morales, Luis Naidenoff, Ernesto Sanz y Miguel Ángel Pichetto.

Se opusieron y votaron negativamente: Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Graciela Camaño, Graciela Ocaña, Jorge Triaca, Eduardo Amadeo, Alberto Asseff, Gustavo Ferrari y Laura Alonso y llamó mucho la atención de los analistas políticos las ausencias de Margarita Stolbizer, Gabriela Michetti, Oscar Aguad y Silvia Majdalani.

Como se puede observar, la mayoría de los bloques del oficialismo gobernante y de la oposición tuvieron una activa participación en el proyecto de expropiación de los activos de YPF. Y es bueno refrescar la memoria de nuestros lectores, para observar que la mayoría de los gobiernos –sin distinción partidaria- metieron mano en la petrolera estatal.

YPF fue fundada el 3 de junio de 1922, por el presidente radical Hipólito Yrigoyen, siendo la primera empresa estatal en el mundo para la explotación de petróleo. El gobierno de Raúl Alfonsín, abrió la inversión privada en 1985, licitando áreas para la exploración y explotación de hidrocarburos, con el objetivo de aumentar las reservas petroleras. Durante la gestión de Carlos Menem, se comenzó a desregular y privatizar el sector de los hidrocarburos. Mediante un decreto de 1989 se facultó a YPF a convocar a concurso público internacional para seleccionar a las empresas privadas, nacionales o extranjeras, con las que se asociaría en las áreas autorizadas para explotar los yacimientos de hidrocarburos.

En 1992 el Congreso de la Nación aprobó, por abrumadora mayoría, una ley que privatizaba los activos de YPF y convertía a la empresa estatal en una sociedad anónima. Las acciones de YPF S.A. fueron repartidas entre el Estado nacional (51%), las provincias donde se encontraban los yacimientos (39%) y las acciones adquiridas por personal de la empresa (hasta 10%). Era el paso previo a una de la tantas privatizaciones del gobierno menemista.

En el año 1999, casi en el final del mandato de Menem, Repsol adquirió la casi totalidad del paquete accionario de YPF, pasando a denominarse como Repsol-YPF. Luego vendría la venta del 25,46% de las acciones al grupo Petersen, de la familia argentina Eskenazy y un 17,09% a otras empresas, manteniendo el control de la compañía. Ese era el estado de la situación empresarial de YPF, al momento de la presentación del proyecto de expropiación de 2012, por parte del gobierno encabezado por Cristina Fernández y Amado Boudou.

Haciendo un breve recorrido histórico, el 21 de febrero de 2008, las compañías Petersen -propiedad de la familia Eskenazi- habían comprado poco más del 25% de las acciones de YPF a la española Repsol. Mediante créditos obtenidos de un grupo de bancos europeos, monto que se debía devolver con las utilidades de las acciones.

En julio del 2012, Petersen se declaró en quiebra en España tras haber incumplido el pago de los préstamos mencionado en el párrafo anterior, cuando la Argentina tomó el control de la firma, se suspendieron el cobro de dividendos y las empresas quebraron. Dos años después, en mayo 2014, el Estado argentino finalmente completó la expropiación, abonándole a Repsol USD 5000 millones en bonos soberanos.

Aprovechando la situación el síndico designado en la quiebra de Petersen le vendió todos los derechos de reclamo a Burford Capital, un fondo de litigios con sede en EE.UU., que reclamando presunto incumplimiento de compromisos asumidos con los tenedores privados de acciones, en abril de 2015, presentó una demanda en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra YPF y el Estado argentino.

Claramente se puede observar, que el Fondo Buitre “Burford”, buscó un pequeño resquicio legal, que después de mucho tiempo se pudo demostrar el engaño, ya que la familia Eskenazi había ingresado a YPF en 2008. Siete años después, Burford adquirió en España, las quiebras de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, reclamando el pago de USD 16.000 a nuestro país.

Durante el gobierno de Alberto Fernández, Argentina fue sorprendida en septiembre de 2023, cuando la jueza Loretta Preska, en Nueva York, falló de forma definitiva a favor de los Fondos “Buitres” y en contra del Estado argentino, exigiéndole a nuestro país el pago de unos US$ 16.000 millones.

Este es el fallo que ahora se revirtió y que le otorgó siete minutos de gloria al presidente Milei. Solo siete minutos son los que se dirigió a la población durante el último mensaje presidencial donde aseguró: “Nosotros ganamos”, cuando en realidad hubo innumerables trámites y apelaciones jurídicas de parte de todos los gobiernos argentinos.

Y su bravuconada televisiva contra la ex presidenta y el gobernador Kicillof hace “agua”, ya que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, determinó que la Ley de Expropiación de YPF posee una preeminencia legal por sobre los estatutos de la propia empresa. Esta interpretación jurídica resultó vital para invalidar los reclamos de los fondos demandantes, ya que sitúa el accionar del Estado nacional bajo el paraguas de su propia legislación soberana por encima de reglamentos corporativos privados.

Volvamos unos años atrás. La expropiación del kirchnerismo pasó por ambas cámaras legislativas y fue aprobada por distintos representantes de la dirigencia política. La pregunta que no puede contestar Milei es ¿Cuál es lo que hizo mal, el gobierno de aquella época?, la respuesta obvia debería ser: Defender el patrimonio y los recursos naturales argentinos.

El fallo también establece que el Estatuto de YPF debe ser considerado como un contrato bilateral y no plurilateral, una distinción técnica que altera las obligaciones legales de las partes involucradas y por ello esa interpretación de la Corte de Apelaciones difiere radicalmente de la visión que había sostenido anteriormente la jueza Loretta Preska.

Debemos advertir que el proceso judicial no se encuentra totalmente finalizado en los tribunales norteamericanos. La Corte de Nueva York sigue siendo considerada como el “foro apropiado” para tratar el litigio. Esto significa que la jurisdicción estadounidense mantiene su competencia sobre la demanda, rechazando cualquier intento previo de trasladar la discusión legal exclusivamente a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires.

Por todo lo expuesto, es bueno reiterar que la expropiación de los activos de YPF estuvo bien realizada, es decir a derecho. Que la cuestión judicial no está concluida. Que Milei puede “festejar”, que por unos días el Caso Libra, las coimas de Andis, la plata proveniente del narcotráfico que dejó a Espert más cerca de la cárcel, y los millonarios gastos de Manule Adorni dejaran las tapas de los diarios, para explicar cómo Argentina no tendrá que pagar 16.000 millones de dólares. No te comas la curva. Fin.