Según declaraciones del Ministro de Seguridad provincial, Néstor Roncaglia, el objetivo central es “la defensa legal de agentes denunciados o imputados por delitos vinculados con apremios ilegales, tratos crueles o inhumanos”. El proyecto citado propicia la modificación del Reglamento de la Policía de Entre Ríos.

RODHER también repudia “las declaraciones del Ministro, que resultan alarmantes, en tanto se refirió a esas prácticas como ´accidentes de trabajo´. Parece mentira que haya que recordar que estas constituyen delitos graves en tanto violaciones de Derechos Humanos”.

El comunicado recibido por el Grupo A1 Noticias, advierte que “el Estado debe promover la prevención y la sanción de la violencia institucional, no alentar su defensa. En primer lugar, porque ello es ilegal y violatorio de todos los compromisos asumidos por el Estado argentino en esta materia; en segundo lugar, porque implica un mensaje peligrosísimo para la institución policial, ya que banaliza la gravedad de estas prácticas, cuestiona a la veracidad de las denuncias y alienta la impunidad”.

Según se detalla en una nota elevada por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura: “Lejos de ser apoyados, los funcionarios que incurran en estas conductas deben ser separados inmediatamente de sus cargos y sancionados conforme a la normativa vigente”.

Al final del documento emitido se recuerda que “en febrero de este año Ariel Goyeneche de 36 años de edad murió asfixiado porque un agente de policía se apoyó con todo su peso sobre su cuello para ´reducirlo´, mientras otros miraban pasivamente. Las golpizas, las detenciones arbitrarias y el sometimiento a tratos crueles son prácticas que aún suceden y es función del Estado prevenirlas, sancionarlas y erradicarlas”, finaliza el Comunicado de la entidad que nuclea a organizaciones de Derechos Humanos de la provincia que gobierna Rogelio Frigerio.