EL OBSERVADOR LABORAL
30 de abril de 2024
Roberto Burgos: “Si Milei cree que hay alguna irregularidad en los institutos del Estado, que lo denuncie. No podemos permitir que embarren el buen nombre y el prestigio de cada uno de los trabajadores”

Roberto Burgos, integrante del Instituto de Agricultura Familiar Campesina Indígena, institución, donde el gobierno nacional anunció que despiden alrededor de 700 trabajadores y técnicos. En exclusiva para A1 Noticias relató la importante tarea que desarrollan y como recorren el territorio
(CABA, 30.Abr.2024 / A1 Noticias) Roberto Burgos explica que “soy técnico en territorio del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, el INAFCeI es el órgano aplicador de la Ley 27.118, una Ley de reparación histórica del sector en todo el país. Está conformado por alrededor de 900 técnicos; de los cuales 120 estamos en la provincia de Buenos Aires y yo soy técnico de la zona de Gral. Rodríguez, Pilar, Bragado y Luján”.
Los técnicos del instituto son las manos ejecutoras de la herramienta más importante que tiene, una especie de DNI de la agricultura familiar, que es el Registro de las Organizaciones de la Agricultura Familiar (RENAF) y también “las distintas herramientas como el Programa de Promoción, Arraigo y Abastecimiento local (PROTAL) y otros de emergencia crítica que realizamos en territorio. Durante la primera etapa tuve un contrato y en los últimos cuatro años tengo un contrato Ley marco, que es un contrato previo a pasar a planta permanente”, explica Burgos.
Uno de los fundamentos que entregó el gobierno de Milei para dar de baja a los trabajadores fue que “son todos ñoquis y militantes”. Por ello nuestro entrevistado sostiene que “yo soy un trabajador y los productores de General Rodríguez lo pueden atestiguar, las compañeras de la cooperativa Juana Azurduy, o de organizaciones como el METEORURAL. Articulamos con técnicos de otros organismos como INTA, SENASA, y realizamos operativos en conjunto cuando hay una problemática o cuando hay una necesidad a cumplir”, detalla.
Durante los últimos días se realizaron asambleas en el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, donde se hicieron “algunos punteos para avanzar en manifestarnos y para implementar ciertas acciones. Sabíamos que esto podía ocurrir en cualquier momento, porque esta es la política pública que ayuda a los pequeños y medianos productores, pero lo que más duele y lo que más nos afecta es el destrato hacia un trabajador”, denuncia.
Roberto Burgos manifiesta que “si realmente hubiese alguna irregularidad en el instituto, que la denuncien y que la justicia tome cartas en el asunto. No podemos permitir que embarren el buen nombre y el prestigio de cada uno de los técnicos. Trabajamos en territorio siempre dando la cara, es muy artero que un vocero presidencial diga que no trabajamos y que el señor presidente en un tweet diga ¡Afuera!, hoy no tenemos ninguna notificación oficial, ni por WhatsApp, ni por telegrama, ni por correo”, agrega.
Cuando el productor sufre una incremente climática, “como fue el paso del tornado en la zona de Nueve de Julio y Bragado, la gente necesita una respuesta del Estado presente, al toque, no que pasen tres o cinco meses”, explica el técnico del Instituto. “Con esta inflación, la plata que le puede llegar del Estado no le sirve ni para comprarse dos litros de combustible”, ironiza, “por eso éramos un poco interlocutores de esa política activa en el territorio”.
Con mucha preocupación, no por quedarse sin trabajo, sino involucrado en ser un engranaje de las políticas públicas para el sector, Roberto advierte que “hay que ver hasta dónde avanza este desguace del Estado. Lo primero que tendrían que revisar lo que sale de la exportación de granos del país, porque ahí, con una nota de embarque, ya justifican lo que sale, y también justificar las exportaciones. Hay muchas cosas de donde se puede recibir más plata que son los sueldos de la función social técnica que hacíamos en la Agricultura Familiar Campesina Indígena”, concluye.