(Formosa, 23.Sep.2022 / Por Marina Pechloff para A1 Noticias) Indicó el legislador en el artículo 1° de la iniciativa, que se evita “las situaciones de crueldad y maltrato, sufrimientos, dolor o angustias innecesarias, abandono, ausencia de auxilio, omisión y dejadez de atención”.

Asimismo, establece como prioridad “la defensa de los animales en todas las situaciones que les causen un daño, físico y conductual, así como las que no aseguren un trato adecuado al animal”. Fija como autoridad de aplicación al Ministerio de la Producción y Ambiente, que tendrá a su cargo regular la tenencia de perros de gran porte como potencialmente peligrosos.

El proyecto de ley contiene unos 62 artículos y entiende por “perro doméstico de manejo especial” a los que “por su carácter agresivo, potencia mandibular o musculatura puedan causar daños a personas u otros animales”. El proyecto establece que el ministerio designado establecerá el Registro de Perros de Manejo Especial (RPME) que se regirá conforme la reglamentación que a tal efecto dicte el mismo y que estará a cargo de la Autoridad de Aplicación.

Señala el proyecto que los dueños o cuidadores que posean esta categoría de perros deben registrar obligatoriamente a su mascota antes de los tres meses de edad. Los animales domésticos en estado de abandono en la vía pública, sin chapa de identificación, deberán ser depositados en lugar público o dependencia dispuesta al respecto, con un plazo de tres días para el retiro por parte de su cuidador. Luego de ese plazo se procederá a la castración, esterilización y vacunación para la entrega en adopción.

Define también las responsabilidades que le caben a toda persona que acepte el cuidado de un animal de compañía, partiendo de su salud y bienestar. A tal fin también se crea el Registro Provincial de Maltratadores de Animales, para impedir la tenencia de quienes resulten sancionados por las disposiciones de esta ley, el Código de Faltas o leyes afines.

La amplitud e integralidad del abordaje de la ley que propone Amarilla va desde los derechos y deberes de los dueños; el registro de adiestradores y paseadores; la fiscalización de los criaderos; la eutanasia de las mascotas protegidas siempre con autorización de un profesional para casos muy puntuales; y las campañas de salubridad, información y concientización, entre otros aspectos.

También prevé multas para los infractores a la ley que arrancan de montos en dinero equivalentes a cien litros de nafta súper hasta el equivalente a mil litros, redimibles por tareas comunitarias o prisión por un periodo de tiempo equivalente a la multa. Para el cumplimiento de la norma que tiende a resguardar tanto a las mascotas como a la comunidad en general, se invita la adhesión de las distintas municipalidades y comisiones de fomento.