(CABA, 05.Feb.2019 / A1 Noticias) Felipe Solá es el primer precandidato presidencial que presenta su propio proyecto sobre un plan energético y cuadro tarifario, afirmando que “entre 2016 y 2018 las tarifas de energía subieron un 2.500% contra un 115% de inflación acumulada”. También denunció que el gobierno inventó una crisis de oferta de energía para poder declarar la Emergencia Energética.

“De esa manera comenzó el proceso de una fenomenal transferencia de ingresos de los bolsillos privados a unos pocos empresarios. El Gobierno solo habló de crisis, pero no informó nada más ante cada resolución de aumentos. Y hubo un tarifazo feroz y una estafa gigante de Cambiemos", sostuvo el dirigente de Red x Argentina.

Realizó un resumen de la trayectoria “del ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, que dejó fuera de competencia con sus tarifas a la producción industrial, produciendo un autoboicot a los viejos y nuevos ciclos de inversión, producción y trabajo argentinos y destruyó la economía familiar de los usuarios", agregando que “su reemplazo por Javier Iguacel no se tradujo en un cambio de la política energética”.

Apoyado por una gran cantidad de gráficos plasmado en un exhaustivo informe, Solá detalló que “los aumentos de luz se ubicaron entre un 2.500% y 3.000%, según los consumos, en tanto que la inflación en el mismo período (2016 a 2018) fue de aproximadamente 115%. Aunque lo hizo progresivamente, el ritmo fue feroz, ya que no contempló las pautas del poder adquisitivo de los salarios ni la capacidad de pago de industrias, comercios y Pymes en un contexto de inflación y recesión”.

Solá presentó un proyecto con nuevos mecanismos de control y una propuesta tarifaria. Su modelo incluye un nuevo Ente Regulador integrado por asociaciones de usuarios, universidades y sindicatos en el directorio y con Directores elegidos por el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, la creación de un Consejo Asesor y delegaciones regionales.

En el tema tarifario, el plan Solá contempla un valor de tarifa plana dentro de una banda de consumo, con servicios sin cargo a las personas electrodependientes, una tarifa social que no esté asociada sólo al consumo sino también a cooperativas, clubes de barrio, y sectores sociales con ingresos familiares inferiores a dos salarios mínimos.

Se toma en cuenta, para realizar este esquema tarifario que “la energía es un derecho y tiene que estar asociado a principios como inclusión, integración, la promoción de la industria y el comercio, la transparencia, la cobertura de costos y ganancias razonables”, concluyó Solá.