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SOCIEDAD

7 de marzo de 2022

Salud avanza en la incorporación del cupo trans en la Provincia

Por: Redacción A1 Noticias

Desde el inicio de la pandemia, la cartera sanitaria sumó más de 140 personas transgénero. Las historias de Zohe Mareco y Valerio Muñoz y las medidas para revertir años de exclusión

(CABA, 07.Mar.2022)  Con la incorporación de 142 personas trans, el ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires es hoy el organismo público que más cerca está de cumplir con la Ley 14.783 Diana Sacayán, que obliga al Estado bonaerense a ocupar en una proporción no inferior al 1% de su personal a personas travestis, transexuales y transgénero, siempre que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo.

Desde el inicio de la actual gestión, que coincidió prácticamente con el comienzo de la pandemia, la decisión política de la cartera sanitaria fue hacer cumplir esta ley que había permanecido “olvidada” los cuatro años previos. Así es que en el proceso de incorporación de personal se sumaron personas trans para realizar todo tipo de tareas: de enfermería, administrativas, técnicas, de limpieza, de mantenimiento, y se cubrieron decenas de cargos en hospitales, puestos de vacunación, Unidades de Pronta Atención y otras sedes del ministerio de Salud con el espíritu de hacer realidad esta iniciativa.

“Como toda ley de cupo constituye una acción de reparación que viene de la mano de reconocer la desigualdad histórica en la que han vivido las personas trans, a quienes siempre se las ha criminalizado y expulsado incluso, a muchos y muchas, de sus propias familias; del sistema educativo; sanitario y del mundo del trabajo”, destacaron desde el Programa de Diversidad del ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Su coordinadora, Carla Giuliano, enfatizó que “este derecho es posible gracias a las organizaciones de la diversidad de la provincia y a Diana Sacayán, su gran motor e impulsora”.

Agregó que “la incorporación del cupo laboral trans dentro del ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires es una política priorizada desde el inicio de nuestra gestión”, y detalló el extenso derrotero que debió recorrer la ley hasta su efectiva puesta en marcha: “Fue sancionada en 2015 pero durante cuatro años no fue reglamentada, y al llegar a la gestión nos encontramos con la ley recientemente reglamentada pero no implementada”.

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