(Berazategui, 02.Jun.2018 / A1 Noticias) Mediante la Resolución 2018-233, el gobierno provincial, resolvió suspender la habilitación de la empresa de seguridad privada Codecop SRL. En el documento, refrendado por el ministro Cristian Ritondo, se detalla que "la empresa carece de seguro de responsabilidad civil y personal de vigilancia habilitado para prestar servicios de seguridad".

Al mismo tiempo, trabajadores de la empresa, se enteran que los empresarios “no realizan los aportes patronales, tenemos cortada la obra social y no hemos cobrado nuestros sueldos, el  aguinaldo y las horas extras”, sostiene Miguel G, agregando que “tenemos el caso de un compañero que tiene un hijo discapacitado y se queda sin tratamiento, sin escuela, ni trasporte porque no tiene obra social, aunque nos hacen todos los descuentos”, denuncia.

Ante esta irregular situación y con la incertidumbre de perder sus ingresos, los trabajadores deciden realizar un reclamo en la puerta de la planta, acción que que culmina con un acampe, donde son acompañados por el Sindicato de Unión, Seguridad, Vigilancia, Admisión y Permanencia (SUSVAyPRA).

Desde la entidad gremial, explicaron que “hemos tratado de llegar a un acuerdo a través del diálogo con la empresa para que se cumpla con los pagos de haberes, horas extras y medio aguinaldo del mes de junio en término, pero nos dicen que no pueden pagar por crisis económica. Hay que aclarar que están tratando de convertir la SRL en una SA, y en los últimos meses han adquirido helicópteros y tecnología para ser aplicada en los objetivos, con lo que la crisis económica es una mentira”.

Hay que recordar que la actividad conocida como vigilador o personal de seguridad, posee numerosos antecedentes de precarización laboral. Personal contratado por más tiempo que lo que establece la LCT, horarios extendidos que contemplan más de un turno, inexistencia de lugares de descanso, pagos en negro, tareas peligrosas y falta de capacitación, equipo y ropa adecuada.

El gobierno nacional mediante la firma del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, intervino uno de los gremios de vigiladores, con el afán de obtener acceso a una caja económica, en una decisión similar a lo que ocurrió con el SOMU. En el año 2016, se designó un interventor en la Unión Personal de Seguridad (UPSRA), y aunque se logró un fallo judicial que permitió revertir la medida, el juez Ariel Lijo le dio la razón al gobierno y autorizó la medida.

Triaca aprovechó esta situación y ubicó en UPSRA, gestores de su entorno, con sueldos duplicados y comenzar a utilizar esa estructura como agencia de trabajo y vinculaciones con los empresarios del sector, el resultado está a la vista, empresas protegidas con trabajadores al límite de la explotación y el Estado que debería ser el arbitro de los conflictos, mirando hacia otro lado.

¿Qué relación tiene el conflicto de Codecop, con estas intervenciones? El mundo de la seguridad abarca alrededor de 150 mil vigiladores privados en todo el país, con salarios que en la mayoría de los casos, no superan los 20 mil pesos. Si calculamos la masa salarial en aportes del conjunto de trabajadores, Triaca firmó decenas de contratos, con sueldos que oscilan entre 65 mil y 100 mil pesos y que en su mayoría son ex integrantes de las fuerzas de seguridad federales y militantes de Cambiemos.

En pleno reclamo laboral, aparecieron referentes gremiales enviados por el interventor Patricio Lombilla –que algunas fuentes aseguran que Triaca lo habría conocido en un reconocido club nocturno de zona norte-, con el objetivo de “desinflar el conflicto”. Sin consultar a los trabajadores, intentaron reunirse con integrantes de la familia Zeballos, dueños de Codecop, siendo repudiados por los vigiladores presentes e integrantes de SUSVAyPRA, quienes sostenían “el acampe hasta que abonen los salarios”. Entre los enviados del ministro de Trabajo de Macri, los trabajadores reconocieron a Patricio Castro, quien se presenta en las seccionales como el próximo secretario General del sindicato, a pesar de nunca haber desarrollado tarea alguna en vigilancia, ni siquiera haber estado afiliado a ninguna entidad gremial del sector.

Evidentemente, las intenciones de Jorgito Triaca, esta vez quedaron demostradas, quitarle la representación gremial a los trabajadores, con el doble objetivo de generar negocios, incrementar el patrimonio de amigos, parientes y socios y disciplinar a los dirigentes sindicales que todavía tienen la premisa de la defensa de los derechos laborales.