(CABA, 04.Dic.2017 / A1 Noticias) La fiscal federal Paloma Ochoa le requirió al juez Sebastián Ramos que investigue si la ex directora ejecutiva del PAMI perjudicó a las arcas del Estado Nacional por haber cobrado la liquidación de más de 50 mil pesos en concepto de vacaciones no gozadas, a pesar de que la ley de Contrato de Trabajo no lo permitía.

La denuncia que da origen a este expediente la formuló la propia fiscal Ochoa al extraer parte del testimonio de otro ex titular del PAMI, Luciano Di Cesare, de la causa en la que fue procesado por el mismo delito, pero por una suma superior al millón de pesos. El funcionario en su declaración indagatoria, argumentó que todo se hizo según "usos y costumbres" del PAMI, y citó al caso de Ocaña como ejemplo.

"Resulta objeto de investigación en autos el presunto cobro fraudulento de 51.381 pesos en concepto de liquidación de vacaciones no gozadas que María Graciela Ocaña, en su carácter de titular del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, solicitara y le fuera liquidado en perjuicio del Estado Nacional", sostiene Ochoa en su escrito.

El antecedente del caso es cuando el juez federal Ariel Lijo determinó que Di Cesare cometió el delito de "administración fraudulenta" en perjuicio del Estado nacional por más de un millón de pesos, al hacerse liquidar vacaciones no gozadas en el organismo sin tener derecho a su percepción. La denuncia contra el ex titular del PAMI fue realizada por Carlos Regazzoni, quien encontró el recibo de la liquidación de vacaciones no gozadas en favor de Di Cesare, trámite que se había iniciado y finalizado el 9 de diciembre de 2015, un día antes de que dejara el cargo.