(Entre Ríos, 31.Ago.2016 / A1 Noticias) Se trata del 65 por ciento del total de la superficie de tierras fiscales de la provincia, cuya ocupación clandestina o irregular fue debidamente ordenada y regularizada en los últimos dos años de gestión, a través de permisos onerosos de uso de suelo, otorgados a través del programa de Regularización de la Ocupación de las Tierras Fiscales.

Al asumir la actual gestión de gobierno prácticamente la totalidad de las tierras fiscales se encontraba ocupada en forma irregular o clandestina. No había un control efectivo sobre lo que ocurría en ellas, ni tampoco generaban recursos como es de esperar. La gran mayoría de estas tierras se encuentran en el Delta, principalmente los departamentos Gualeguay y Victoria. La regularización lograda supone considerables ingresos para la provincia.

Actualmente este programa ha sido potenciado por la Agencia Administradora de Bienes de la Provincia de Entre Ríos (Aabiper), recientemente creada por el actual gobierno, con la meta de llegar a regularizar y ordenar la totalidad de las tierras fiscales de Entre Ríos, a través de un esquema de gestión destinado a la generación de valor público y la administración transparente del patrimonio estatal.

Todas las líneas de acción de la Aaabiper, son coordinadas desde la Secretaría General de la Gobernación desde donde también se acompañan todos los avances. Al respecto, Mauricio Colello, destacó que "recuperar 124.000 hectáreas de tierras fiscales significa recuperar patrimonio que pertenece a todos los entrerrianos. Es parte de una decisión de ordenar el Estado, saber qué bienes tiene, cómo se administran y garantizar que estén puestos al servicio del desarrollo de la provincia. Durante muchos años hubo falta de control y de información; hoy estamos avanzando hacia un Estado que cuida y defiende lo que es de todos".

Por su parte el presidente de la Aabiper, Eduardo Asueta, manifestó que "en estos últimos dos años el equipo de Tierras Fiscales y de la Unidad de Control de Inmuebles hizo un gran trabajo, y queremos potenciarlo. Para ello se proyectó realizar un relevamiento e inventario detallado de las características productivas y del valor locativo de cada uno de los 200 lotes de propiedad provincial. Hoy carecemos de esa información y en consecuencia el costo de los permisos de uso se determina por criterios generales que no son del todo precisos y en muchos casos no se ajustan a la realidad, y en conjunto supone un subaprovechamiento de las tierras fiscales".

Y agregó: "Tenemos muy en claro que se trata de propiedad pública que debe ser administrada en función del interés del conjunto de los entrerrianos, y para eso precisamos saber a ciencia cierta el potencial de cada inmueble".

En ese sentido, Asueta sostuvo que "además estamos trabajando en un esquema transparente y público de administración de la propiedad inmueble de la provincia. El objetivo es que cada entrerriano sepa que se hace con cada inmueble de la provincia, y que, además, todos por igual puedan participar y compulsar en los contratos de uso oneroso del suelo. La transparencia es la garantía de una administración sana y saludable".