(CABA, 16.Jul.2026 / A1 Noticias) La jornada se llevó a cabo en el Salón de las Banderas del Ministerio de Seguridad, en la ciudad de La Plata, con la participación de autoridades de los ministerios de Seguridad; Salud; Infraestructura y Servicios Públicos; Ambiente; Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica; Trabajo; Desarrollo de la Comunidad; Desarrollo Agrario; Comunicación Pública; y la Dirección General de Cultura y Educación.

Durante el encuentro se analizó detalladamente el panorama y el impacto esperado por el fenómeno de El Niño, cuyas condiciones iniciarían en el trimestre de junio a agosto y se extenderían hasta iniciado el año 2027.

En la provincia de Buenos Aires, esta fase climática tiende a favorecer precipitaciones por encima de los niveles normales a escalas mensuales y estacionales, con episodios de mayor magnitud durante los meses de primavera y verano.

Ante el pronóstico de la Organización Meteorológica Mundial, que advierte una elevada probabilidad de un evento muy fuerte entre noviembre y enero que podría posicionarse entre los más intensos del registro histórico, las autoridades remarcaron la necesidad de conocer los impactos diferenciados por región.

Por este motivo, las distintas carteras provinciales pusieron en común sus fuentes y vías de circulación de información, y desarrollaron las medidas preventivas que implementarán para mitigar las consecuencias de este escenario.

Para estructurar todas estas acciones de forma eficiente, se repasaron los ejes del nuevo plan estratégico elaborado por la Subsecretaría de Emergencias.

El documento establece una línea de base orientadora y plantea un cambio de paradigma fundamental: busca abandonar el enfoque reactivo enfocado en la etapa posterior al incidente, para pasar a un abordaje preventivo sobre las causas estructurales que constituyen las condiciones de riesgo.

A través de esta iniciativa, la Provincia identifica y evalúa los riesgos presentes en el territorio y propone estrategias concretas para su prevención.

Asimismo, el plan define la transversalidad en las políticas públicas, estipulando los roles y la corresponsabilidad de los distintos organismos para garantizar el trabajo multiagencial y avanzar hacia una sociedad más segura y resiliente.