(Morón, 03.Ene.2020 / A1 Noticias) La justicia inició una investigación de los delitos de “defraudación a la administración pública, asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho e incompatibilidad con el ejercicio de la función pública”, que bajo el modus operandi de falsificación del domicilio real de personas, se entregarían registros de conducir durante los últimos años en el distrito del oeste del GBA.

La fiscal en lo Criminal y Correccional, Paula Salevsky –a cargo de la investigación- trabaja sobre una denuncia presentada por la Directora a cargo de la Oficina Anticorrupción, María José Martínez, donde detalla que una persona de nacionalidad paraguaya “se presentó en la Dirección de Transporte y Licencias solicitando se modifique su licencia de conducir puesto que difería el domicilio allí consignado con el de su DNI”.

El ciudadano, de apellido Garay, “manifestó que desde que se mudó al país vivió en La Matanza y  que nunca tuvo domicilio en Morón”. Ante esto, el actual responsable del área le explicó que la situación era irregular porque las licencias se expiden en los municipios que corresponden al domicilio que figura en el DNI del solicitante.

En la denuncia judicial se señala que “el Sr. Garay explicó que en el mes de enero de 2018 un vecino le dijo que se podía tramitar la licencia en Morón, poniéndolo en contacto con una persona que le cobró $ 3.000 y le dio un comprobante de solicitud de turno, luego de lo cual le emitieron la licencia (sin el pago correspondiente de tasa municipal, provincial o nacional, y sin rendir examen psicofísico, teórico ni práctico de manejo) con fecha 20 de enero de 2018”.

Ante la irregular situación, las actuales autoridades retuvieron la licencia de Garay y dieron intervención a la Oficina Anticorrupción para que se realice la correspondiente denuncia. Al mismo tiempo, detectaron que en las licencias emitidas en los últimos meses, se establecen domicilios en lugares donde no hay viviendas o donde radican otras personas, como tampoco no existe la correspondiente documentación respaldatoria de los trámites de las licencias.

La presunción preliminar de los funcionarios es que no se realizaron los exámenes obligatorios de manejo, tanto pruebas teóricas ni psicofísicos que son condiciones para la obtención de las mismas. Según pudo constatarse en esa primera investigación administrativa habría un centenar de casos similares solo entre septiembre y diciembre último, lo que permite proyectar una maniobra muy amplia que podría significar una estafa de varios millones de pesos.

En la denuncia se requiere a la Justicia que cite al personal municipal que desempeñó tareas en el área, así como al propio ciudadano Garay. Al mismo tiempo, el Municipio de Morón avanzará en la investigación administrativa realizando el cruzamiento de todas las licencias emitidas en los últimos años con los padrones electorales, de manera de detectar si existen más ciudadanos que obtuvieron permisos sin tener domicilio legal en la comuna.