(San Isidro, 23.Mar.2018 / A1 Noticias) El proyecto oficialista presentado en el Concejo Deliberante plantea que la autoridad la ejerza la actual Dirección de Legislación municipal, hecho objetado por la oposición ya que se trata de un área dependiente de Gustavo Posse esta situación no garantiza la imparcialidad y plena transparencia. 

Desde la oposición se argumentó que hay que mejorar el proyecto para lograr mecanismos de mayor transparencia en el control y sanción ante la no presentación. A sugerencia del bloque del peronismo se planteó la idea de incluir como autoridad de aplicación de esta ordenanza a la creación de la Oficina Anticorrupción, proyecto presentado hace unos años. 

Con 14 votos negativos, los bloques opositores lograron frenar la medida y enviaron a la Comisión respectiva para continuar incorporando modificaciones al proyecto de Posse. Los votos decisivos que dieron vuelta el resultado fueron de los radicales Carlos Juncos y Carlos Castellano, quienes muestran el quiebre dentro del espacio Cambiemos.

El oficialismo cuenta con 12 ediles, o sea la mitad del cuerpo legislativo y desde principios de año, los bloques opositores dejaron sus diferencias de lado y trabajan legislativamente en conjunto. En ese sentido se expresó el concejal Manuel Abella (Con Vocación por SI) que dijo que “después de 34 años de gestión poco transparente, y más de 4 años rechazando todos los proyectos de transparencia y rendición de cuentas que se han presentado en este Concejo, el possismo quiere venir ahora a limpiar su imagen utilizando a Vidal y sus iniciativas”. 

Por su parte, el peronista Fabián Brest explicó que el proyecto “que presentó el Ejecutivo es poco claro y transparente. En primer lugar designa como autoridad de aplicación a la Dirección Municipal de Legislación, o sea el Ejecutivo se controla a sí mismo. Nosotros planteamos que la autoridad de aplicación tiene que ser un organismo independiente del Ejecutivo. Tal vez a través de una oficina Anticorrupción a propuesta de la oposición en el HCD”.

Desde hace mucho tiempo la oposición sostiene que hay más de 500 pedidos de informes realizados por el Concejo Deliberante e “ignorados por el intendente Posse”, lo que implica falta de control e inexistencia de un órgano externo, sumado a que el gobierno comunal de San Isidro no se caracteriza por aportar transparencia en la información pública.