(CABA, 26.Feb.2018 / A1 Noticias) Las noticias en el área educativa se renuevan diariamente; la discusión paritaria bonaerense estancada, la clausura por decreto del gobierno a la paritaria nacional para los docentes; el cierre de 50 escuelas rurales y ocho en las islas del Delta mediante una decisión de Vidal; la transformación del Plan Progresar en un plan de becas y el cierre del Conectar Igualdad.

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta dispuso el cierre en la ciudad de Buenos Aires de 13 sedes en las que se desarrollaba el Plan FinEs que alentaba desde 2008 a que adultos pudieran terminar sus estudios primarios y secundarios. Esto afecta a 500 alumnos de zonas carenciadas de la capital argentina y deja sin trabajo a un centenar de docentes.

Ya fueron notificados del cierre las sedes que funcionaban en Renaper, Ministerio de Economía, Utedyc, Villa 20, Estrella de Belén, Capilla Guadalupe, Superintendencia Servicios de Salud, Sindicato de Empleadas Domésticas, La Carbonilla, Jefatura de Gabinete, Apuba, Zavaleta y Ministerio de Educación.

Silvia Carricarte –docente de Matemática en Utedyc- relató que "el cierre no fue como generalmente sucede, que cierra la inscripción y quienes ya están anotados terminan de cursar, es un cierre definitivo. No hubo propuesta para que continúen ni los docentes ni los alumnos”, denunció.

Luego de la decisión política de Macri de eliminar la paritaria nacional docente, cada jurisdicción pasó a manejar su propio presupuesto para el FiNes y el gobierno porteño decidió no mantenerlo. El programa tenía financiamiento mixto entre la Nación y las provincias, como el gobierno nacional no destina más un peso a Educación de jurisdicciones, habrá que ver si no recortan el pago de los salarios a docentes y con el esfuerzo de las instituciones se podrá mantener alguna sede abierta.

La gran mayoría de los estudiantes del plan FinEs residen en las zonas más vulnerables y un gran porcentaje son mujeres con hijos. El segundo gran grupo de asistentes al programa de terminalidad de estudios secundarios provienen de empleados estatales y desocupados, que estudian para mejorar su calidad laboral, o conseguir empleo.

El secretario gremial de CTERA, Eduardo López, advirtió que “cuando la educación deja de ser considerada un derecho y pasa a ser concebida como mercancía, suceden estas cosas. Se corta por lo más fino, se desfinancia al que más apoyo necesita, se destinan los fondos para los que más tienen cuando en verdad lo que el Estado tendría que hacer es exactamente lo contrario: nivelar, trabajar para la igualdad de oportunidades”.