(San Martín, 02.Dic.2019 / A1 Noticias) Hay que recordar que el Municipio de San Martín obtuvo una medida cautelar que impide a EDENOR avanzar con el cobro de costos adicionales, que no fueron acordados con los Municipios y que deberían estar destinados a obras y servicios para los ciudadanos.

En este sentido, según el artículo 104 de la Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Provincial el costo de la tarifa de Energía Eléctrica correspondiente a los Asentamientos será asumido por la Provincia hasta la suma que por dicho concepto pagó en el ejercicio 2018. Los costos adicionales serán afrontados por los respectivos Municipios. 

Como consecuencia, EDENOR le reclama al Municipio de San Martín $152 millones de pesos en concepto de costo por consumo de energía eléctrica de los asentamientos ubicados en el partido. De esta manera, se perjudican los derechos de los ciudadanos, privándolos de servicios, obras públicas y beneficios contemplados en el presupuesto aprobado por su Cuerpo Deliberativo.

El intendente Gabriel Katopodis viene acompañando a los vecinos y vecinas, a los clubes de barrio, PyMEs e instituciones de la ciudad en la presentación de acciones ante la Justicia para frenar el incremento abusivo de los servicios públicos. El 2 de febrero de 2016, el jefe comunal se reunió con el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, por el impacto de las subas de los servicios públicos, exigiendo una Tarifa Social y una Tarifa PyME.

En junio de 2017, la Justicia Federal dictó la primera medida cautelar contra el tarifazo, a favor de seis clubes de San Martín, sentando precedente para otras instituciones. En febrero de 2019, Katopodis abrió la ronda de exposiciones en la Gran Audiencia Pública Nacional contra el tarifazo, y participó y expuso en seis de las Audiencias Públicas de gas y de luz que se hicieron en estos 4 años. 

La Municipalidad de San Martín, aplicó en dos ocasiones, multas millonarias a la empresa de suministro eléctrico del área oeste y norte del GBA, Edenor por el incumplimiento de la empresa a la ley de Defensa al Consumidor.