POLITICA   12 de abril de 2018

Intervención al PJ: Gioja presentó una dura apelación ante la Justicia

Los apoderados del PJ Nacional, Patricia García Blanco y Eduardo López Wesselhoefft presentaron la apelación a la intervención, dispuesta por la jueza María Romilda Servini, calificándola de “político”. Se reclama que “conceda la apelación con efectos suspensivo”, a efectos de retrotraer la situación al día previo a la designación de Barrionuevo

(CABA, 11.Abr.2018 / A1 Noticias) Patricia García Blanco, la abogada quien llevó adelante la presentación judicial junto a Eduardo López, señaló que "no hay fundamentos jurídicos" para ordenar una intervención. Es un fallo político. No hay razón administrativa para intervenir el partido", sostuvo a la salida de Tribunales.

El texto de la apelación afirma que la intervención “causa un perjuicio irreparable al Partido que representamos, a las autoridades regularmente constituidas y al conjunto de nuestros afiliados”, reclamando que “conceda la apelación con efectos suspensivo”, es decir, que se mantenga el status quo previo a la sentencia de Servini hasta que la Cámara Federal la resuelva.

En el escrito se considera que el partido no se encuentra “incurso en ninguna causal establecida en la Ley de Partidos Políticos ni encontrarse reunidos los extremos establecidos en el artículo 225 del CPCCN, resulta arbitraria, injustificada y a todas luces ilegítima, ocasionando un perjuicio irreparable al normal funcionamiento del partido”.

López agregó que “el fallo de Su Señoría fue hecho a la medida de los peticionantes", agregando que “la otra irregularidad es que no corrió vista al fiscal electoral Jorge Di Lello", afirmó. También recordó que “no hay ninguna cuestión administrativa para intervenir el partido. Es un fallo político. El partido está normalizado, tiene sus autoridades elegidas desde 2016 a 2020 y están firmes por la misma jueza".

La jueza Servini tendrá ahora tres días para decidir si concede o no la apelación presentada por los apoderados del Partido Justicialista, aunque no descartan recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la violación del tratado de derechos políticos y sociales.

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